Las Noticias de Guerrero El actual escenario de disputas bajo el sistema de Solución de Controversias Inversionista-Estado (ISDS) ha colocado a México y España en una posición crítica, enfrentando una serie de demandas multimillonarias que ponen a prueba su soberanía jurídica y sus políticas de desarrollo nacional.
En el caso de México, la empresa Canadian Pacific Kansas City Ltd (CPKC) interpuso una demanda ante el Ciadi el pasado 27 de abril, motivada por la facultad del gobierno federal para revocar o rescindir concesiones ferroviarias. A esto se suma el litigio con Vulcan Materials por 1.9 mil millones de dólares; este caso ha escalado al ámbito político en Estados Unidos, donde el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes calificó la clausura de la mina en Quintana Roo como una «toma hostil», instando a la administración de Claudia Sheinbaum a devolver las operaciones a la empresa para no afectar la certeza jurídica de la inversión extranjera.
Por su parte, España enfrenta consecuencias severas derivadas de las reformas energéticas de 2013. Recientemente, una corte en los Países Bajos ordenó el pago de 106 millones de dólares a la firma Eurus Energy y al fondo Blasket Renewable Investments. La situación ha llegado a medidas extremas: las autoridades neerlandesas confiscaron el centro cultural del Instituto Cervantes en Utrecht para garantizar el pago del laudo, un acto que el gobierno español disputa activamente. Ante esta «piratería trasnacional», España y otros países europeos han iniciado su retiro del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE).
Frente a estas barreras estructurales, que también obstaculizan la transición climática y la regulación en favor del bienestar público, ha surgido un movimiento global para desmantelar el sistema ISDS. En la reciente Conferencia de Santa Marta, Colombia, más de 300 organizaciones civiles hicieron un llamado a los gobiernos para formar una coalición que permita renegociar o cancelar tratados de inversión que incluyan estos mecanismos de arbitraje. La propuesta sugiere que países como México, Colombia, Brasil y España establezcan un frente común para recuperar su autonomía regulatoria y transitar hacia un modelo económico fuera de los marcos del neoliberalismo jurídico.
