Las Noticias de Guerrero Familiares y ciudadanos marcharon en Mexicali para demandar una sentencia ejemplar contra la madre del menor Vicente, quien murió por un golpe de calor tras ser olvidado dentro de un vehículo.
El pasado sábado 9 de mayo, Juan Carlos Meza, padre del niño de tres años que perdió la vida por hipertermia, encabezó una movilización desde la Plaza Centenario hasta el Centro de Justicia Social de Mexicali. La protesta se realizó de manera paralela a la audiencia de vinculación a proceso de Roxana «N», madre del menor, quien es señalada por el delito de homicidio por omisión con dolo eventual. Durante la manifestación, el padre del menor denunció que la custodia le fue otorgada a la madre de forma automática por un juzgado familiar, presuntamente sin realizar los estudios psicológicos necesarios que habrían detectado un entorno de riesgo para el infante.
La Fiscalía General del Estado de Baja California ha presentado pruebas que indican que la imputada ingirió bebidas alcohólicas la noche del incidente y mantuvo actividad en redes sociales mientras el niño permanecía atrapado por más de 12 horas en el automóvil. Bajo temperaturas superiores a los 35 grados, el menor sufrió un golpe de calor severo que le causó la muerte el pasado 2 de mayo. Ante estos hechos, la autoridad ministerial ha solicitado la pena máxima para este delito, la cual oscila entre los ocho y 15 años de prisión, argumentando que la madre fue consciente del riesgo al que expuso al menor bajo condiciones climáticas extremas.
Como parte de su exigencia de justicia, Juan Carlos Meza anunció el impulso de una iniciativa ciudadana denominada «Ley Vicente», la cual busca reformar los procesos de custodia en el estado. La propuesta legislativa pretende obligar a las autoridades judiciales a realizar investigaciones exhaustivas del entorno de ambos padres antes de emitir un fallo, con el fin de priorizar el interés superior del menor sobre criterios de género preestablecidos. El padre de la víctima señaló que esta medida es necesaria para prevenir la repetición de tragedias similares y asegurar que los jueces cuenten con herramientas de evaluación psicológica y social completas.
La audiencia de vinculación se mantiene en receso para que el Ministerio Público revise nuevos datos de prueba aportados por la defensa, mientras la sociedad civil permanece a la espera de la resolución del juez de control.
